El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Marcelo Torres Cofiño, presentó una iniciativa de reforma para crear el Permiso Especial para Autoconsumo Productivo, con el objetivo de otorgar certeza jurídica a productores agropecuarios, ganaderos, agricultores, constructoras y empresas que trasladan y almacenan combustible adquirido legalmente para abastecer su propia maquinaria, sin fines de comercialización.
El legislador sostuvo que la legislación vigente no distingue entre quienes comercializan combustibles y quienes únicamente los utilizan para desarrollar actividades productivas, lo que, afirmó, ha derivado en aseguramientos de maquinaria y vehículos, así como en incertidumbre jurídica para miles de personas que dependen del diésel para realizar sus labores.
“Hoy producir en México puede convertirte en sospechoso”, señaló Torres Cofiño, al considerar que el Gobierno federal está criminalizando al sector productivo mientras los grupos dedicados al robo de combustibles continúan operando.
Explicó que la problemática afecta principalmente al campo mexicano, donde miles de productores trabajan en comunidades alejadas que carecen de estaciones de servicio, por lo que el traslado de combustible hasta parcelas, ranchos o sistemas de riego resulta indispensable para mantener las actividades agrícolas y ganaderas.
Añadió que la misma situación enfrentan constructoras, empresas mineras y prestadores de servicios especializados que abastecen maquinaria pesada utilizada en carreteras, obras hidráulicas, ferrocarriles, proyectos de infraestructura energética y otras obras públicas y privadas.
La iniciativa plantea establecer un esquema de control basado en la identificación del usuario final, comprobantes fiscales digitales (CFDI), bitácoras de consumo, trazabilidad y un registro electrónico, con el propósito de que las autoridades puedan diferenciar a quienes utilizan combustible de manera legal para sus actividades productivas de quienes participan en el mercado ilícito de hidrocarburos.
Torres Cofiño precisó que el permiso propuesto no autorizaría la venta de combustibles ni modificaría las obligaciones aplicables a quienes sí realizan actividades de comercialización de petrolíferos, sino que busca brindar seguridad jurídica a quienes únicamente abastecen su propia maquinaria.
El diputado afirmó que la reforma también fortalecería el combate al huachicol al permitir que las autoridades concentren sus esfuerzos en perseguir a quienes participan en el robo y comercialización ilegal de combustibles, en lugar de afectar a productores y empresas que cumplen con la ley.
“El Estado debe concentrar toda su fuerza contra el huachicol, no contra quienes trabajan, invierten y generan empleo. Un gobierno que pone en el mismo costal al productor del campo y al huachicolero está enviando el mensaje equivocado”.